“...Que el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz, había determinado, que carecía de competencia parcialmente para ordenar la aprehensión del sindicado, porque la conducta además de poder encuadrarse provisionalmente en los delitos de maltrato contra personas menores de edad, allanamiento y robo, constituye una falta contra las personas, fundado en esto remitió al juzgado de paz. Que estamos frente a una situación en la que se encuentra indefinida la competencia y que únicamente el juzgamiento de los hechos puede determinar si se trata de delito o falta, con lo que ambos juzgados estarían previo al juicio frente a una duda de competencia, situación que perjudica la solución del conflicto penal de referencia con afectación de la justicia pronta y cumplida. De conformidad con el principio lógico de ad Maiore ad minus, que permite hacer el razonamiento que el juez que puede lo más puede lo menos, el artículo 40 del Código Procesal Penal en su segundo párrafo establece que en la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves, lo que implica que el juez que puede conocer de delitos puede conocer de faltas, y que el de faltas no puede conocer delitos. Además debe entenderse que por tratarse de hechos que presumiblemente implican más de una conducta típica y varias de estas conductas son competencia del Juez de Primera Instancia Penal, él debe conocer de ambas conductas, aunque se tratare luego de un juicio de faltas. Por tanto esta Cámara determina que el competente, es el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente con sede en Cobán, quien deberá de conformidad con el sistema acusatorio y su división de funciones, deberá fungir como contralor de la presente causa penal...”