“…la resolución recurrida carece de fundamentación, porque efectivamente el ad quem, no realizó su labor de revisar la sentencia recurrida en los extremos que se le solicitó, pues su función consistió en limitarse a señalar que “existen pruebas aportadas al juicio que generan duda razonable” en la participación del procesado en el ilícito. (…) La Sala tuvo que haber explicado si el juicio lógico de ese razonamiento tiene o no sustento jurídico, pues no obstante considerar dubitables las facturas y la existencia de “serias anomalías” en la extensión de las mismas, se inclina por la absolución, hasta el extremo que manda certificar lo conducente contra la supuesta propietaria, no solo por considerar ilegalidad en la extensión de las facturas (…) se estima que el reclamo de la casacionista tiene sustento jurídico, y por lo mismo debe declarase procedente…”