"...Que esta cámara determina que la duda de competencia planteada por el Juzgado Octavo de Paz Penal de Guatemala, se refiere a la controversia que existe para determinar que Juzgado tiene capacidad para conocer, atendiendo a las circunstancias propias de los hechos que se imputan a los sindicados. La Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, Decreto número 58-90 del Congreso de la República, tipifica las conductas que penalmente son sancionadas por constituir contrabando aduanero o defraudación aduanera, así como ciertas conductas específicas que constituyen casos especiales de estos dos tipos de conductas; también establece los parámetros que el legislador consideró para gradar estas conductas ilícitas, respectivamente como delitos o faltas, dichos parámetros de conformidad con el artículo 6 del referido cuerpo normativo, son: "el valor de las mercancías o bienes involucrados", si estos tienen un valor igual o inferior al equivalente en quetzales a quinientos pesos centroamericanos el hecho será constitutivo de una falta y si exceden de dicho valor será constitutivo de delito.
Atendiendo a que dicha norma establece como punto referencial cuantitativo la unidad monetaria denominada "pesos centroamericanos", para determinar si la conducta que se imputa es posiblemente constitutiva de delito o falta, es necesario hacer notar que la unidad monetaria referida es equivalente a un dólar estadounidense, de conformidad con el valor asignado por el Consejo Centroamericano Monetario.
Se infiere de los hechos que se imputan y que se encuentran descritos en la denuncia presentada, que el valor de las mercancías o bienes involucrados en la posible defraudación aduanera es mayor a los quinientos pesos centroamericanos (500 dólares estadounidenses), por lo que se determina que el órgano jurisdiccional competente para proseguir el proceso es el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala..."