"…Del estudio realizado a las actuaciones judiciales respectivas, se establece que (…) si bien es cierto, el Ministerio Público al formular la acusación y solicitar la apertura del juicio público y oral, entre los medios de investigación aportó, medios de investigación documental, declaraciones testimoniales y dictámenes periciales emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (…) el error se originó en que en las resoluciones del Juzgador de primera instancia y en las de la Sala de Apelaciones entraron a una valoración probatoria que no les correspondía, pues la función de la etapa intermedia del proceso es la apreciación de si los medios de investigación que se presentan pueden acreditar el hecho y la responsabilidad del sindicado, siempre que se produzca como prueba del juicio. Por ello, estas instancias judiciales se excedieron en sus atribuciones, al realizar una valoración probatoria en que confrontaron las evidencias de cargo y descargo, algo que solo le compete al tribunal de sentencia (…) El juzgado se excedió en sus funciones y la Sala confirma una resolución carente de sustento jurídico, por cuanto no explicó por qué el juzgado de primera instancia tenía facultad para valorar prueba que es exactamente lo que hizo, y solo así pudo decretar el sobreseimiento, violando el derecho a la acción penal y el de la sociedad a tener acceso a la justicia a través del cumplimiento de las leyes punitivas..."