"...El reclamo de los casacionistas versa sobre la omisión de resolución de puntos esenciales contenidos en sus alegaciones, referentes a contradicciones en declaración de la agraviada, no tomar en cuenta que sólo una persona dio positivo en el análisis de sangre para determinar el delito de violación, nunca pidieron rescate, la detención ilegal de Ruben Ramírez Ruano, que únicamente hizo mención de los artículos 173, 174 y 201 del Código Penal, y 123 de la Ley de Armas y Municiones.
Al revisar la sentencia de segundo grado Cámara Penal encuentra que, el tribunal de apelación resolvió en lo esencial las denuncias, lo hizo de forma general y no puntualmente que es la queja de los casacionistas, pero ello no invalida su fallo, porque la revisión de la sentencia de primer grado le permitió verificar que no existía ningún vicio que hiciera ineficaz la decisión del a quo. En efecto, la sala resuelve sobre los agravios expuestos por los apelantes, cuando dice respecto de la sentencia de primer grado que, los razonamientos contenidos en ésta y que sustentan la condena por los delitos de plagio o secuestro en concurso real con el delito de violación con agravación de la pena, así como por el delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil, son legítimos, claros y precisos, ya que en la valoración probatoria y en la afirmaciones conclusivas no existe contradicción ni exclusión, tornando coherente la construcción de la sentencia apelada.
Por ello Cámara Penal estima que, es suficiente la verificación realizada por la sala. Además, las denuncias puntuales de los casacionistas no tienen naturaleza esencial, y aún cuando fueren fundadas no modificaría el sentido ni el fundamento fáctico probatorio y jurídico de la sentencia del tribunal. Ello, porque, lo que no discuten los casacionistas es la retención de la familia en contra de su voluntad, lo que equivale a privarlos de su libertad. El artículo 201 del Código Penal en su párrafo cuarto amplía los supuestos de hecho de este delito, siendo suficiente que se prive de libertad a las personas, y se encuentre sometido a la voluntad del o los sujetos que lo han aprehendido, poniendo en riesgo su vida. Estos son los supuestos contenidos en la norma, de modo que aunque fuera cierto que no lo es, que no pidieron rescate, el delito de plagio o secuestro se habría cometido. En cuanto al delito de violación, la sala hace bien al confirmar la sentencia del a quo, aunque lo haga como ya se dijo con una argumentación general, pues el acceso carnal múltiple, queda probado con la declaración de la víctima y de una de sus hijas, concatenadas con el momento de la detención de los sindicados, armados como iban, coincidiendo con el relato de las víctimas. Por último, en cuanto a la carencia de examen de huellas dactilares para determinar si los sindicados portaban las armas, esta prueba no es necesaria, toda vez que, con las declaraciones testimoniales de los agentes policiales Josué Amílcar Solórzano Luna, Tereso Juárez Salvatierra, Romeo Rocael de León Rodríguez y Elías Misael Dubón Arévalo, quedó probada la incautación de las armas de fuego a los procesados Jorge Luis Mejía Tayún y Saqueo Marroquín de Paz, en el momento de la aprehensión, con lo que se produce prueba suficiente para determinar la responsabilidad de dichos sindicados en la comisión del delito de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas.
Este criterio jurídico se fortalece, si se toma en cuenta que el numeral 1 del artículo 440 del Código Procesal Penal, que invocan en su recurso, se refiere a la omisión de puntos esenciales, que por lo mismo, pudieran incidir en modificar el sentido de la sentencia emitida por los juzgadores de primer grado, supuesto que no se da en el presente caso..."